En 2008, el Congreso aprobó diversas reformas en materia judicial para adaptar los juicios orales a la impartición de justicia en el país. Sin embargo, junto con el Distrito Federal apenas son 9 de 32 entidades las que han adaptado esta modalidad.
El propósito de la reforma es que a partir de 2016 el país deje de aplicar el sistema de justicia inquisitorio, basado en la integración de expedientes escritos, a uno acusatorio, fundamentado en juicios orales públicos en los que se confronten la autoridad y el abogado defensor de un acusado.
En esta primera ocasión se atendieron en el primer Juzgado presidido por la jueza Belén Bolaños los casos de Édgar Manuel Martínez Aguilar, sentenciado por abuso sexual agravado; Agustín Martínez González, por violación equiparada agravada; y Eduardo Morgan por robo agravado, quienes solicitaron el beneficio de la remisión parcial de la pena, o libertad anticipada, informó la agencia estatal Notimex.
Los tres casos fueron procesados por la juez en escasos 30 minutos. Al primero de ellos se le negó la libertad anticipada; mientras que a los otros dos sentenciados les resultó favorable, difundió la agencia.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar indicó que con esta modalidad se resuelven en cuestión de minutos procesos que en el pasado tardarían años en desahogarse.
Explicó que en los dos Juzgados de Ejecución de Sanciones se atenderán en promedio 100 casos cada semana, por lo que pronto se verán rebasados. Confió en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asignará los recursos necesarios para solventar los juicios orales.
El juicio oral
La jueza Beatriz Segura Rosas atendió el caso de Hugo Martínez Flores de 36 años de edad sentenciado a ocho años seis meses 28 días por el delito de violación impropia.
En el recinto, la juez estuvo sentada en su mesa de trabajo en un escalón arriba de los demás. Del lado derecho al abogado defensor de oficio, y a su lado izquierdo a la Agente del Ministerio Publico. Detrás de una rejilla junto a la juzgadora se ubicó al reo sujeto al proceso.
El beneficio solicitado se concede con base en el número de días trabajados: por cada dos días de jornada laboral se reduce en un día la sentencia que le fue impuesta.
El abogado defensor de Hugo Martínez acreditó que su defendido cumplió con mil 796 días laborados, los cuales, sumado al tiempo que ya cumplió en prisión, representan ocho años cinco meses y dos días de jornadas laborales.
La agente del Ministerio Público, Leticia Pérez argumentó que este tiempo no era suficiente para alcanzar su liberación.y señaló que el área sicológica y criminológica determinaron que no es apto para la liberación.
El abogado defensor resaltó las actividades educativas culturales, su condición de salud y su buena conducta, de los cuales la jueza determinó que son factores “que no influyen determinantemente en su liberación”.
Después de algunos minutos de deliberación, la jueza Segura Rosas le negó el beneficio y procedió a atender el siguiente caso de acuerdo con la orden del día.
Retraso en congresos estatales
Los congresos de los estados han retrasado las modificaciones que deben de hacer a sus leyes para adecuarlas a la Reforma constitucional de Seguridad y Justicia Penal.
Tampoco la Procuraduría General de la República ha cumplido con las capacitaciones necesarias para que los fiscales puedan exponer sus pesquisas de forma oral.
Además, se prevé que en los juicios públicos se puedan instalar cámaras de manera que se puedan seguir los procesos desde otras salas o vía internet.
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